El Gobierno español se enfrenta a la Sectorial de Infancia sin un plan alternativo en caso de que el Partido Popular (PP) se oponga a la reforma de la ley de extranjería, que busca hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes entre comunidades autónomas. Según Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, sin el respaldo del PP y de Junts, la iniciativa legislativa no avanzará en el parlamento.

Falta de Alternativas y Expectativas del Gobierno

Torres reconoció que no hay un “plan B” viable debido a la falta de apoyo suficiente para modificar la ley con otros grupos parlamentarios. Sin embargo, expresó confianza en que el PP finalmente respalde el documento. La Sectorial de Infancia en Tenerife servirá como un paso informativo antes de la votación en el Congreso mediante una proposición de ley, preferida por el Ejecutivo para evitar posibles objeciones del Tribunal Constitucional.

Presiones y Divergencias en el PP

La ministra de Educación, Pilar Alegría, instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a actuar con “responsabilidad” y “altura de miras”, señalando las discrepancias entre las comunidades autónomas del PP como Canarias, Ceuta y Melilla, frente al resto. Alegría atribuyó estas divergencias a la presión recibida y a las amenazas de Vox de retirar su apoyo en varias autonomías y ayuntamientos si el PP respalda la reforma.

Rechazo de Junts y Propuesta de Solidaridad Obligatoria

El Gobierno descartó contar con los votos de Junts, quienes solicitaron excluir a Cataluña de la reubicación obligatoria. La propuesta negociada con Canarias busca que otras comunidades compartan la responsabilidad de acoger menores cuando se exceda el 150% de su capacidad. Este enfoque de “solidaridad obligatoria” es visto como crucial por el Gobierno para asegurar la atención adecuada de los menores migrantes.

Desafíos y Objetivos de la Reforma

El Ejecutivo enfatizó que la modificación legal es fundamental ante la baja tasa de acogida de menores en 2023 por parte de las autonomías, alcanzando solo el 15% del cupo acordado y financiado por el Estado. La reforma del artículo 35 del reglamento de extranjería es vista como una medida necesaria para garantizar una respuesta coordinada y equitativa ante la situación de los menores migrantes en España.